El vicepresidente de la República, Álvaro Elizalde;  el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo; la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) , Alicia Lira; y la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Gaby Rivera, intervinieron hoy en la promulgación de la Ley N° 21.775, que Introduce la calificación jurídica de ausente por desaparición forzada y crea un registro especial.

En la ceremonia participaron autoridades del Ejecutivo, del Parlamento, familiares de víctimas, así como personalidades del mundo de los derechos humanos.

La nueva ley reconoce de manera expresa a las víctimas de desaparición forzada ocurridas durante la dictadura. El cuerpo legal crea una nueva categoría jurídica que permite al Estado reconocer oficialmente a las personas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas sin entrega de cuerpos, como víctimas de desaparición forzada, mandatando al Servicio de Registro Civil e Identificación la creación y mantención de un Registro Especial de Personas Ausentes por Desaparición Forzada. Este deberá estar en operaciones en el plazo de seis meses después de publicada la normativa en el Diario Oficial.

El articulado forma parte de la agenda legislativa del gobierno con motivo de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado y es una iniciativa clave de las acciones impulsadas por el gobierno en el marco del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia.

La iniciativa crea un registro público, gratuito y digital, a cargo del Servicio de Registro Civil e Identificación, cuya base será una nómina elaborada por la Subsecretaría de Derechos Humanos, en el contexto del trabajo del Plan Nacional de Búsqueda, incorporando antecedentes provenientes de comisiones de verdad y sentencias judiciales.

El Vicepresidente de la República Alvaro Elizalde destacó que: «Sabemos que este acto no repara el dolor ni reemplaza la ausencia, pero sí reafirma algo fundamental, que el Estado asume su responsabilidad histórica y seguirá trabajando para que estos horrores no vuelvan a repetirse. Este avance se suma al trabajo del Plan Nacional de Búsqueda, que busca esclarecer el destino de las personas detenidas desaparecidas y promover una reparación integral basada en la verdad».

«Nuestro Gobierno ha asumido como una tarea ineludible mantener viva la memoria de las víctimas y fortalecer las instituciones democráticas, para que nunca más el terror sea una política de Estado. Queremos que este registro sea también una herramienta de memoria colectiva, que permita a las nuevas generaciones conocer lo que ocurrió, comprender su magnitud y reafirmar el valor irrenunciable de los DD.HH. en nuestra convivencia democrática», afirmó el Vicepresidente Elizalde.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, relevó que: “Esta ley es fundamental para la protección de los derechos humanos en nuestro país. Es el reconocimiento que merecían las agrupaciones y los familiares. Es un reconocimiento que lamentablemente llega tarde, llegan 52 años del golpe militar, pero que sin embargo da cuenta de la importancia que tiene para nuestro país que se reconozca la desaparición forzada. Y asimismo también es parte de la reparación que se indudablemente requieren las familias de las personas que se encuentran ausentes por desaparición forzada.”

La ley fue presentada en moción parlamentaria en 2022, por diputadas y diputados de diversos sectores, y luego fue objeto de una indicación sustitutiva del Ejecutivo. Establece la calificación legal de víctimas de desaparición forzada durante la dictadura de 1973 a 1990, lo que permitirá al Estado reconocer oficialmente su ausencia, otorgar certificados gratuitos que acrediten la pertenencia al registro y brindar una herramienta de reparación simbólica clave para las familias.